La DDCSR da un paso hacia una mayor responsabilidad social en los mercados financieros, si bien plantea retos en términos de implementación y cumplimiento


Uno de los momentos más esperados del evento fue la presentación del estudio temático de Spainsif, titulado «Debida Diligencia y Derechos Humanos en las Finanzas Sostenibles«, a cargo de Pablo Esteban, Subdirector General de la entidad. Este informe profundiza en el marco normativo que guía las prácticas empresariales y financieras en materia de derechos humanos, resaltando la creciente importancia de la debida diligencia en el sector financiero. El estudio pone en perspectiva las normativas de aplicación voluntaria, el proceso de negociación de la Directiva DDCSR y su impacto en las empresas y participantes de los mercados financieros, especialmente en cuanto a los indicadores sociales.


El evento «Debida Diligencia y Derechos Humanos en las Finanzas Sostenibles», organizado por Spainsif en colaboración con Fundación ONCE, ha reunido esta mañana a expertos del ámbito jurídico y financiero para debatir sobre la integración de los derechos humanos en las finanzas sostenibles, en un momento clave marcado por la reciente aprobación de la Directiva de Debida Diligencia (DDCSR). La jornada, que se ha llevado a cabo en Madrid, también ha servido para conmemorar el 9º aniversario de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con especial énfasis en el ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas. El evento comenzó con una bienvenida de José Luis Martínez Donoso, Director General de Fundación ONCE, y Joaquín Garralda, Presidente de Spainsif, quienes destacaron la importancia de la colaboración entre las instituciones financieras y el sector social para avanzar en la defensa de los derechos humanos y la sostenibilidad. Posteriormente, Aicha Belassir, Directora General de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas del Ministerio de Trabajo y Economía Social, inauguró la jornada subrayando la relevancia de las finanzas sostenibles como aliadas de la economía social.



La primera mesa redonda, de corte jurídico, estuvo moderada por Clara González, economista del Banco de España, y fue un espacio de debate sobre los retos y oportunidades que la Directiva de Debida Diligencia ofrece al sector jurídico. Carlos de la Torre, socio de laboral en Gómez-Acebo & Pombo, abrió la conversación abordando cómo los derechos humanos en el ámbito laboral se encuentran abarcados por la DDCSR y qué medidas deben tomar las empresas para integrar políticas de derechos humanos en sus matrices y cadenas de valor. Por su parte, Patricia Gabeiras, socia fundadora de Gabeiras & Asociados, destacó la interrelación entre los derechos humanos y el medioambiente, subrayando la importancia de una visión integral en la aplicación de la normativa de sostenibilidad y su vínculo con la DDCSR desde España. Finalmente, Úrsula García, socia de finReg360 y responsable del área de Sostenibilidad, abordó el papel clave que puede desempeñar el sector financiero en la generación de evidencias para cumplir con los criterios ASG (ambientales, sociales y de gobernanza) y la utilidad de la DDCSR en este proceso. En esta mesa se discutió además el papel del sector financiero en la nueva normativa. Los panelistas coincidieron en que los derechos humanos deben ser un componente proporcionado en la legislación que afecta a los mercados financieros. También se abordaron los posibles riesgos de litigios que la Directiva podría generar para las empresas, planteando la necesidad de seguir avanzando en la regulación y control de las obligaciones de debida diligencia. La segunda mesa, un Coloquio sobre Retos y Oportunidades para el Sector Financiero, estuvo moderada por Fernando Riaño, Director de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad del Grupo Social ONCE. Durante este coloquio, Carla Bonino, Jefa del Departamento de Sostenibilidad de Fundación ONCE, destacó la importancia de los avances en la integración de la discapacidad en el marco de la DDCSR y la CSRD, mientras que María Ortiz de Mendívil, Senior Analyst en S&P Global, ofreció una visión sobre cómo los marcos regulatorios de finanzas sostenibles integran las dimensiones sociales y ambientales de forma desigual. Por su parte, Otilia García-Rivero, Directora de Estrategia y Políticas de Corporance Asesores de Voto, abordó las controversias que existen en torno a la debida diligencia y los derechos humanos, yOrencio Vázquez, investigador del Grupo en Finanzas Sostenibles y Responsabilidad Social de la UNED, aportó una perspectiva sobre las cadenas de valor y la necesidad de establecer criterios claros que guíen las inversiones hacia la protección de los derechos humanos. El evento finalizó con conclusiones relativas a la Directiva de Debida Diligencia como un paso importante hacia una mayor responsabilidad social en las empresas y en los mercados financieros, que simultáneamente plantea retos en términos de su implementación y cumplimiento.








NO COMMENT