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Spainsif Talks con D.ª Alicia Prieto, analista de Corporance

 

Entrevistamos a D.ª Alicia Prieto, Analista de Corporance 

«Directiva de implicación a largo plazo de los accionistas (SRD II)»

 

¿Qué supone la Directiva y a quién afecta?

En la primera Directiva de Derechos de Accionistas SRD I (o Shareholders’ Rights Directive I) de 2007 se planteaba mejorar el gobierno corporativo de las compañías y proteger al inversor impulsando su participación en las juntas. Tras la crisis de 2008, dentro del Plan de Acción de Derecho de Sociedades y Gobierno Corporativo Europeos de 2012, se revisa en 2017, en lo que respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas y nace la SRD II, con fecha de transposición el 10 de junio de 2019 (spoiler: tardó hasta el 12 de abril 2021 en transponerse con la Ley 5/2021). Esta nueva directiva tenía como objetivo ponía el foco en los inversores institucionales a través de su mayor implicación (engagement en inglés) con las sociedades cotizadas en las que invierten. Para ello, establece más obligaciones, además de derechos, para todos, exigiendo más transparencia a emisores, intermediarios, inversores y los asesores de voto.
A los emisores se les exige más claridad en la información sobre remuneraciones del consejo y operaciones vinculadas (que ahora deben ser aprobadas por los accionistas y los órganos de administración y supervisión). Además, por fin se reconoce el derecho de los emisores a identificar a sus accionistas, se elimina la obligación de presentar información trimestral y se introduce la figura de las acciones de lealtad.
Los intermediarios de la cadena de propiedad de las acciones (como pueden ser los bancos custodios, brókeres, gestores y agentes especializados), deberán explicar sus costes y servicios, y además serán claros en la identificación de accionistas, registro de posición (o entitlement), transmisión de información y confirmación del voto.
Los asesores de voto deberán publicar un código de conducta y ser más transparentes en su metodología, política de comunicación y conflictos de interés.
Los inversores institucionales deberán construir y publicar sus políticas de implicación y voto, su coherencia con su estrategia de inversión y un informe anual con sus actividades de inversión responsable.

¿Qué conlleva la Ley 5/2021 para los inversores?

El 12 de abril 2021, finalmente se transpone en España la Directiva de Implicación, mediante la Ley 5/2021, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y otras normas financieras, en lo que respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas. Esta Ley establece la obligación de los inversores institucionales de publicar una política de implicación, integrada en su política de inversión y en el mandato de gestión, incluyendo información sobre estrategia, rendimiento financiero y no financiero, riesgos, estructura del capital, impacto social y medioambiental y gobierno corporativo, así como los mecanismos de diálogo con las cotizadas y su política sobre el ejercicio de sus derechos de voto.
Además, se les pide más transparencia en sus medidas para gestionar sus conflictos de intereses, los criterios utilizados para el voto, el uso de proxy advisors y sus acuerdos con gestores de activos, informando de todo ello anualmente.

¿Cuál es el papel de los asesores de voto en todo esto?

La Directiva define a los proxy advisors como “aquella persona jurídica que analiza con carácter profesional y comercial la información que las sociedades cotizadas están legalmente obligadas a publicar y, en su caso, otro tipo de información, para asesorar a los inversores en el ejercicio de sus derechos de voto mediante análisis y recomendaciones de voto”. Por fin se regula esta figura en un acto de la Unión Europea. En España, concretamente, a través de la Ley de Mercado de Valores modificada por la Ley 5/2021 se destaca la creciente importancia que los asesores de voto han adquirido en las juntas de accionistas de las sociedades cotizadas y avisa de sus potenciales conflictos de intereses.
Ahora, los asesores de voto debemos publicar nuestro código de conducta e informar anualmente de su cumplimiento, así como de nuestras actividades, metodología, políticas de voto, relación con terceros y gestión de conflictos de intereses (como la prestación de servicios a emisores). Lamentablemente, esta obligación solo afecta a los proxy advisors domiciliados en algún mercado de la Unión Europea por el correspondiente supervisor. El regulador español no supervisará la actuación de un proxy advisor estadounidense sin presencia en España aunque esté asesorando a nuestros inversores sobre su voto en las cotizadas españolas.
La historia de los asesores de voto empieza en 1974, en EEUU, como consecuencia de las nuevas obligaciones normativas para los fondos de pensiones de empleo. En Europa nace PIRC en Reino Unido (1986), Proxinvest en Francia (1995), Ethos en Suiza (1997) y Frontis en Italia (2001). En 2017, creamos Corporance Asesores de Voto, miembros para España y Portugal de la alianza europea de proxy advisors independientes Proxinvest (antes ECGS, 2001) con el propósito de importar a nuestro mercado las prácticas de implicación y voto internacionales y mejorar el análisis sobre las cotizadas españolas aprovechando nuestro conocimiento y presencia local. Queremos promover la participación de los inversores en las decisiones de las empresas en materias clave como la supervisión de sus políticas de remuneración, los planes de acción climática, operaciones de capital y las transacciones con partes vinculadas, entre otros. Además, ayudamos a los inversores a cumplir con la Ley, a través del asesoramiento y el desarrollo de sus políticas de implicación y voto.

Implicación: ¿qué es? y, ¿qué conlleva?

El concepto de “implicación”, traducido de la palabra inglesa engagement, está cobrando cada vez más notoriedad. Definida por el Financial Reporting Council (FRC), guardián del gobierno corporativo inglés, la implicación es la “responsabilidad de los inversores consistente en votar, vigilar y relacionarse con las compañías en materia de estrategia, riesgo, resultados, estructura de capital y gobierno corporativo, incluyendo remuneración”.
En Corporance valoramos enormemente la implicación de los accionistas y queremos trasladar a los inversores el poder que tienen para impulsar cambios en las empresas desde dentro, como ya se hace en Estado Unidos y Europa, incluyendo España, dónde ya hemos visto casos de activismo accionarial como el de Aena.
Aena es una historia de éxito de una iniciativa activista liderada por Chris Hohn, fundador de TCI (The Children’s Investment Fund) que, en 2020, solicitó a 17 empresas españolas que informasen sobre sus emisiones de carbono, con la amenaza de votar en contra de la elección de sus consejeros. Tras adquirir un 3.9% de Aena y un puesto en el consejo, TCI pidió introducir nuevas propuestas en la junta 2020, incluyendo un nuevo Plan de Transición Climática. La junta se pospone al 29 de octubre y se convoca sin incluir las propuestas. Hohn escribe a la compañía y al gobierno español reclamando más transparencia en el desglose de las emisiones y las medidas para reducir los gases de efecto invernadero que contribuyen a la crisis climática. Finalmente, siete días antes de la junta, Aena declara que los accionistas podrán votar sobre el nuevo plan de transición climática. Al final es respaldado con más del 96% de los votos: un gran triunfo para el inversor activista.
En 2021, como consecuencia directa de este movimiento, varias empresas españolas, como Ferrovial e Iberdrola, han decidido presentar voluntariamente propuestas similares, que han sido respaldadas por los accionistas. Durante este mismo año, por todo el mundo, hemos visto numerosos casos de triunfo del activismo, principalmente sobre propuestas de cambio climático, lideradas por pequeños inversores a las que se han sumado otros grandes que no solían apoyar estas propuestas.

Y ahora, ¿qué?: Retos & tendencias

Tras observar cómo las tendencias activistas en el resto del mundo calan cada vez más en España, estamos desarrollando más actividades de implicación con los emisores, dando servicio a nuestros clientes, y demás inversores que así lo deseen, en el cumplimiento de sus obligaciones. Las campañas irán dirigidas a emisores concretos con claras deficiencias en gobierno corporativo o sobre temas prioritarios para los inversores. Trataremos puntos sobre remuneración de los consejeros, independencia & diversidad en el consejo, dividendos & operaciones de capital, reputación y gestión del consejo, Planes de Acción Climática, trabajadores (empleo, brecha salarial, salud & seguridad), derechos humanos, cadena de proveedores y transparencia fiscal.
Pensamos que la actividad de implicación es fundamental a través de un dialogo constructivo entre compañías y sus accionistas. Siguiendo el ejemplo de los mayores inversores activistas creemos firmemente en el valor del voto como la herramienta más poderosa del proceso de implicación. Por lo que no nos cansaremos de reiterar su importancia para construir empresas más fuertes y sostenibles a largo plazo.


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