Entrevista Spainsif a Rubén Martínez Alpañez de ICREF - Spainsif
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Entrevista Spainsif a Rubén Martínez Alpañez de ICREF

 

Entrevistamos a Rubén Martínez Alpañez, Jefe del Departamento de Inversiones, del Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia

¿Cuál es el papel de la administración pública regional en el desarrollo de las finanzas sostenibles? Y en concreto, ¿En el caso del ICREF?
La administración pública regional es esencial para el desarrollo y consolidación de la inversión sostenible (IS) y socialmente responsable (ISR), teniendo en cuenta que asume buena parte de las competencias públicas. Dicho esto, no es menos cierto que la administración regional no está siendo todo lo protagonista que podría y es necesario un decidido impulso regional a la consolidación de políticas comunitarias ASG, más concretamente, desde el área competencial financiera de los gobiernos regionales.

El ICREF, como organismo encargado de impulsar la política de crédito público de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM) así como de gestionar la deuda de la Administración pública regional, debe ejercer un rol determinante en términos de IS. Por un lado, integrando criterios ASG en su propia acción sirviendo de ejemplo, por otro, facilitando y promoviendo prácticas sostenibles en la administración pública, orientando y apoyando que entidades locales, organismos autónomos y el propio sector público autonómico asuman criterios ASG. Por último, precisamente el más importante, el ICREF debe implementar e impulsar prácticas sostenibles en el sector privado aprovechando la puesta en marcha de iniciativas y programas de apoyo público (préstamos públicos, subvenciones, avales, etc.)

¿Cómo se puede conseguir que los organismos públicos sean inversores sostenibles?

En general, la administración pública suele ser sostenible en sus actuaciones, si bien, la forma en que suele serlo se limita a las tipologías más moderadas de entre las distintas estrategias de inversión sostenible disponibles. A nuestro entender e independientemente de que exista o no un marco jurídico adecuado para determinar la acción (obligada) de los organismos autónomos bajo criterios ASG, dadas las referencias internacionales de cumplimiento voluntario existentes, deberían establecerse patrones de gestión, seguimiento y control que tengan en cuenta los resultados de la gestión en términos ASG. En ese sentido la estandarización de métricas adecuadas, monetizables, y la obligatoriedad de presentar memorias ASG independientemente del tamaño y características del organismo pueden servir de necesario aliciente para motivar tal actuación. Técnicas tales como el acceso preferente a fondos y/o productos con rentabilidad y coste diferenciado también podrían ser adecuados para asegurar la práctica de criterios sostenibles por parte de la Admón. publica.

¿Cómo un organismo como el ICREF puede apoyar la integración de las cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza en la actividad financiera privada de su región?

Existen multitud de alternativas para impulsar la IS si bien, al ser administración pública la normativa nos invita a ser prudentes en su aplicación. Así, por ejemplo, el ICREF ha intervenido en la contratación de la gestión del Plan de Empleo de los empleados de la Administración, incorporando cláusulas relacionadas con la inversión sostenible y responsable como factor diferenciador de la gestora a seleccionar. En cuanto a la promoción y puesta en marcha de iniciativas que promuevan la IS en el sector privado, a partir del 2021 nuestras líneas de financiación contarán con costes diferenciados primando con un menor precio a aquellos proyectos que incorporen medición de huella de carbono y su compensación y asunción de códigos de buen gobierno asumidos por los consejos de administración. A sumar a esto, hace más de 10 años que todas nuestras líneas de financiación se catalogan como sostenibles al incorporar criterios de exclusión promoviendo, además, la inclusión de objetivos que podemos denominar sociales y ambientales entre aquellos que van a ayudar a discriminar y determinar los proyectos financiables. Por otro lado, entendemos que la administración pública debe dar ejemplo y en ese sentido estamos dando pasos para que toda nuestra deuda pueda ser considerada como sostenible y, a partir de ahí, poder llegar a calificar a la Región de Murcia como emisora 100% sostenible.

La inversión de impacto ahora mismo es una de las tendencias con mayor repercusión en la inversión sostenible. ¿Formarán parte las administraciones públicas de esta corriente?

Efectivamente la inversión de impacto es tendencia y tiene su más que justificada razón. Las economías en general y la Región de Murcia en particular se enfrentan a la problemática de consolidar los derechos de tercera generación, lógicamente, garantizando el mantenimiento del Estado de bienestar tal y como lo conocemos. Para ello, los gobiernos se encuentran con la necesidad de poner en marcha políticas que, cada vez más, necesitan de dotaciones económicas importantes mientras que sus resultados no vienen determinados en el corto plazo. La deuda puede constituir un hándicap para el crecimiento sostenido a largo plazo de la economía y es por esto que deben articularse mecanismos que sirvan al bien común sin mermar financieramente el futuro económico de los territorios. La inversión de impacto constituye la ideal alianza público-privada para resolver problemas sociales generalizados. Además, la incorporación de métricas relacionadas con los resultados de las políticas que se implementen va a resultar de importancia capital para garantizar y consolidar la efectividad de la labor gubernamental. De ahí la importancia y urgencia de establecer métricas estandarizadas y aceptadas por el mercado para su efectiva consolidación, acompañado de un marco normativo que permita su efectiva puesta en marcha con las garantías exigidas por los inversores.

El caso regional español es muy especial si lo comparamos con otros vecinos europeos. ¿Son las CCAA españolas un actor relevante para la inversión sostenible?

Las CCAA deben ser tractoras, líderes en materia de inversión sostenible. No hay ni una sola razón que invite a pensar lo contrario. Se cuenta con capacidad normativa, se cuenta con referentes internacionales de éxito a los que seguir y la UE, a través de sus fondos (cohesión, Feder, etc.) no tiene otra intención que la de promover crecimientos sostenibles e integradores que permitan vivir cada vez mejor, reduciendo las desigualdades existentes tanto entre territorios como en el seno de los propios territorios. Estamos en un momento óptimo para repensar la forma de hacer las cosas, también desde lo público, aprendiendo y asumiendo las prácticas y casos de éxito de aquellos que mejor saben innovar, las empresas, aplicando y dando ejemplo, a la vez que impulsando la acción sostenible y socialmente responsable en nuestra comunidad. Es ahora o nunca.


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