Spainsif continúa con la labor que inició en 2009 con la publicación de estudios sobre el mercado de la Inversión Sostenible y Responsable (ISR) en España. La edición 2025 se presenta en un contexto de revisión regulatoria, incertidumbre geopolítica y presión social, cada vez más exigente, pero al mismo tiempo, más maduro, más técnico y más colaborativo. En este contexto, la interoperabilidad internacional de los marcos de sostenibilidad será clave para lograr la coherencia, comparabilidad y confianza en el ecosistema de las inversiones y finanzas sostenibles.

Por segundo año consecutivo, el estudio aplica una renovada metodología de monitoreo de mercado que clasifica las inversiones relacionadas con la sostenibilidad en cuatro categorías: 1) Inversiones ASG, 2) Inversiones ASG avanzadas, 3) Inversiones alineadas con el impacto y 4) Inversiones generadoras de impacto. Este marco permite ilustrar el papel activo del inversor sostenible como agente de cambio real en la economía. El análisis se centra en las entidades nacionales, con el fin de evitar el doble cómputo de patrimonio en los estudios europeos, complementándose con la información cualitativa de entidades internacionales que operan en España.

El año 2024 marcó un punto de inflexión en la agenda regulatoria europea. La Comisión Europea presentó la Brújula para la Competitividad, que integra la sostenibilidad con la política industrial, la innovación tecnológica y la seguridad energética. Este proceso se ha acompañado del paquete Ómnibus I orientado a simplificar la normativa vigente y de medidas como las Directivas “Stop-the-clock” y “Quick Fix”, que retrasan la entrada en vigor de la CSRD y la CS3D y congelan los requisitos adicionales de reporte que se derivan de la CSRD. Paralelamente el EFRAG ha iniciado la revisión de los ESRS y ha desarrollado el estándar voluntario de información de sostenibilidad para las pymes no cotizadas. En España, destacan el Real Decreto 214/2025 sobre la publicación de la huella de carbono y los planes de reducción de emisiones, y la creación del Consejo Nacional de Finanzas Sostenibles que refuerza la coordinación público-privada y la gobernanza del sistema financiero sostenible.

Resultados observados

El estudio recoge las respuestas de 46 entidades —28 nacionales y 18 internacionales—, que representan el 77 % del patrimonio nacional, equivalente a 423.112 millones de euros a cierre de 2024. De este total, 238.244 millones de euros (43 %) se gestionan bajo criterios ASG. La distribución por categorías muestra un claro predominio de las inversiones ASG (92 %), seguidas de las ASG avanzadas (1 %), las alineadas con el impacto (1 %) y las generadoras de impacto (6 %). Estas últimas aumentan significativamente respecto al año anterior, impulsadas por estrategias activas de implicación (engagement y voto) mecanismos de contribución del inversor (nuevo capital, capacitación y asistencia técnica a participadas).

En el plano cualitativo, destaca la exclusión de empresas vinculadas a armas controvertidas y la priorización de temáticas como energías renovables, eficiencia energética, economía circular, salud y bienestar. En el caso de las entidades internacionales se añaden temáticas como biodiversidad, gestión del agua, uso sostenible del suelo y agricultura. Las políticas de engagement y voto se consolidan como instrumentos clave para promover la sostenibilidad, centradas en la transición climática, diversidad de género, desigualdad salarial y la garantía de derechos laborales y humanos, con una mayor sensibilidad internacional hacia la biodiversidad. Respecto a las inversiones relacionadas con el impacto sus principales limitaciones siguen siendo la falta de medición y divulgación, las preocupaciones sobre la rentabilidad, la liquidez y el tamaño de los productos disponibles.

El 78 % de las entidades dispone ya de equipos ASG especializados, y los ODS más integrados son el 13 (Acción por el clima), el 3 (Salud y bienestar), el 8 (Trabajo decente) y el 12 (Producción y consumo responsables). Aunque persisten desafíos como la fiabilidad y la falta de métricas estandarizadas, las entidades identifican el marco regulatorio europeo —SFDR, CSRD/ESRS y Taxonomía— como el principal motor del avance de la ISR en los próximos años.

De cara al futuro, y aunque para 2025 las expectativas apuntan a un crecimiento moderado, a medio plazo predomina el optimismo sobre la expansión de la ISR en España