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La banca ética (Triodos) demanda a España y eleva el pulso por el recorte a las renovables

Imagen del Banco Ético, Triodos

El pulso contra España por el recorte a las renovables se tensa aún más. Triodos SICAV II, vehículo de inversión perteneciente al Grupo Triodos Bank, conocido por su banca ética, ha demandado al Reino de España. Para ello, ha elevado un arbitraje internacional ante la Cámara de Comercio de Estocolmo al amparo del Tratado sobre la Carta de la Energía.

Según explica desde la matriz holandesa de Triodos Investment Management (TIM), el arbitraje fue interpuesto en diciembre de 2017 “tras las importantes pérdidas financieras sufridas por el fondo para sus cinco plantas solares fotovoltaicas en España como resultado de cambios retroactivos en el régimen regulador”. Ajustes que, según entienden, “son una violación del Tratado de la Carta de la Energía del que España es signatario”.

Ante esta situación, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), institución responsable adscrita al Ministerio de Energía, ha lanzado un concurso para dar asistencia en este proceso tanto al propio ministerio como a la Abogacía del Estado, quien defiende a España en estos procesos.

Este concurso no saldrá gratis a los españoles. La licitación del IDAE está valorada en más de dos millones de euros y tiene una duración de cuatro años (prorrogable por dos más). Con esto, prevé dar soporte en este proceso y también al de inversores alemanes y suizos de DCM, el último arbitraje registrado en el Ciadi, órgano arbitral adscrito al Banco Mundial. Este proceso se lanzó el pasado viernes 27 de abril y estará abierto hasta el próximo 18 de junio. Su objetivo es “dar asistencia especializada” a la Administración pública, “así como la realización de informes periciales para apoyar la defensa del Estado español-Reino de España en los procesos arbitrales”.

El fondo afectado, denominado comercialmente ‘Triodos Renewables Europe Fund’ , en el que aseguran realizar una inversión socialmente responsable, cuentan con varias inversiones en plantas de energía solar fotovoltaica en España. Así, destacan activos que entraron en operación en 2008 en Aznalcollar (Sevilla), El Carpio (Valladolid), Los Cabezos (Córdoba), La Villa de Don Fadrique (Toledo) o la Gineta (Albacete).

De esta manera, Triodos SICAV II se suma a los casi 40 pleitos de inversores internacionales que han reclamado en instancias supranacionales tras ver reducidos sus ingresos en los sucesivos recortes regulatorios.

El Gobierno notificó el año pasado que tenía pendientes 36 arbitrajes, dos de ellos aún por cuantificar. Esos 34 arbitrajes sumaban más de 7.500 millones en reclamaciones. A estos, hay que sumar ahora tanto el de DCM como el de Triodos, por lo que el pulso contra el Estado sigue al alza y aún están pendientes de esclarecerse 37 casos. Desde que el Gobierno detalló el montante total reclamado, solo se ha producido un fallo judicial. España fue condenada al pago de más de 50 millones de euros a Novenergia, tal y como adelantó El Confidencial.

Este laudo era el segundo contrario a España (previamente, la Abogacía del Estado ganó dos). Esta situación, que ha equilibrado la balanza, está animando a otros inversores a lanzar sus reclamaciones, tal y como explican a este diario abogados, peritos y fondos que financian los arbitrajes.

Al margen del daño reputacional que supone para España el elevado número de pleitos alegando la quiebra de la seguridad jurídica, la alta reclamación económica pone en jaque el delicado equilibrio logrado en el sistema eléctrico tras la reforma de 2013, la causante de casi todas estas reclamaciones.

Pese a haber perdido dos arbitrajes, España aún no ha pagado a los vencedores. Bruselas advirtió al Estado de que debería notificar antes de pagar si dicho abono suponía una ayuda de Estado ilegal, algo que fuentes jurídicas explican era lo que estaba buscando el Gobierno de Rajoy para eludir esta difícil situación.

No obstante, los propios fondos están rastreando activos del Reino de España en otros países como Estados Unidos como ejecución a su sentencia.

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