Un factor que ha contribuido a aumentar la presión de los accionistas sobre la dirección es la mayor concienciación inversora en asuntos ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG). Estos criterios están presentes cada vez más en las estrategias de los fondos, y los directivos se ven obligados a rendir cuentas sobre el despliegue de este tipo políticas en sus empresas.
De acuerdo con los datos de Spainsif (una plataforma de inversión socialmente responsable que agrupa a bancos, gestoras de activos y agentes sociales), el 45% del dinero que hay ahorrado en España en fondos y planes de pensiones utiliza ya algún tipo de criterio ASG a la hora de invertir. Son cerca de 200.000 millones de euros que no solo miran las proyecciones de beneficios y los ratios de capital, sino también si la empresa ha adoptado medidas para combatir el cambio climático o si tiene políticas para fomentar la llegada de mujeres a puestos directivos.
Este tipo de inversores tradicionalmente ha utilizado estrategias de exclusión para ejercer su activismo: no comprar acciones de petroleras, compañías mineras, tabaqueras… Pero cada vez más optan por una estrategia de engagment and voting (compromiso y voto, en inglés).
“Cada vez hay más consciencia de que los criterios ASG pueden afectar a la reputación, como inversor, y al binomio rentabilidad riesgo. Los inversores se muestran cada vez más activos en el ejercicio de sus derechos, incluyendo preguntas relacionadas con los criterios ASG en las juntas de accionistas o votando en contra de ciertas decisiones del consejo”, explica Jaime Silos, presidente de Spainsif.
NO COMMENT