Las múltiples clasificaciones e interpretaciones de lo que es verde coexisten hoy en las esferas pública y privada. No es raro que una institución financiera tenga tantas taxonomías como unidades de negocios que desarrollan productos financieros verdes. Algunos pueden incluir el gas convencional como fuente de energía de transición, o sistemas de quema que reducen las emisiones al medio ambiente. Otros no incluirían ni en un fondo ambientalmente sostenible. La falta de confiabilidad y estandarización es la razón por la cual muchos, particularmente en el mercado minorista, se muestran escépticos acerca de lo que se encuentra debajo de los productos financieros comercializados como ecológicos.

La idea es simple. Para que una actividad sea elegible, debe demostrar que hace una contribución sustancial a uno de los seis objetivos ambientales de la Unión Europea (mitigación del cambio climático, adaptación al cambio climático, recursos hídricos y marinos, economía circular, prevención de residuos y reciclaje y contaminación, y ecosistemas saludables), sin tener un impacto perjudicial en ninguno de los otros cinco. El Grupo de expertos técnicos de la Comisión Europea sobre finanzas sostenibles (‘TEG’), toma la orientación de la legislación, las políticas y los objetivos existentes de la UE. Basa el desarrollo de la taxonomía en la NACE. El grupo define umbrales para la elegibilidad de las actividades según métricas como la intensidad de carbono (gCO2 / kWh) según la mejor ciencia disponible, con referencia a las normas reconocidas existentes, pero esto se compara con las necesidades prácticas. Al desarrollar una taxonomía de la UE, la Comisión Europea pretende desarrollar un «entendimiento universal» sobre lo que es genuinamente sostenible para el medio ambiente compartido por científicos, gobiernos, industriales y ciudadanos. Al igual que el sistema métrico en su momento, fomentará la ciencia, la innovación y el crecimiento industrial.