La aprobación de ley 31/2014 de 3 de diciembre para la mejora del gobierno corporativo y la publicación en febrero de 2015 del nuevo Código de Buen Gobierno por parte de la CNMV han hecho patentes en España la necesidad que había de actualizar el marco normativo del gobierno corporativo.

Desde entonces la atención que éste ha ido atrayendo ha crecido progresivamente y se ha plasmado en (i) la proliferación de artículos en prensa, (ii) en el mayor conocimiento de los distintos actores del negocio que genera (los asesores de voto o proxy advisors en inglés, los solicitantes de voto o proxy solicitors, o los distintos consultores en gobierno corporativo), (iii) en la toma en conciencia del poder que los inversores institucionales tienen en las decisiones de las empresas y (iv) en el ejercicio de concienciación realizado por las empresas cotizadas a la hora de integrar a los inversores en sus decisiones y en rendirles cuentas.