El proceso requerirá un esfuerzo de adaptación, señala Javier Garayoa, director de Spainsif, asociación sin ánimo de lucro que promueve la inversión sostenible y responsable en España. «Pero, superado el momento inicial, el efecto será positivo, aportando la transparencia necesaria para que el mercado de la gestión de activos se desarrolle y consolide de forma rápida. El mercado ha evolucionado positivamente en estos últimos años y no creo que suponga una sacudida real, aunque, como en todo, habrá ganadores y perdedores», apunta.

El informe Guía global para una regulación de la inversión responsable, elaborado por la red de inversores PRI (Principios para una Inversión Responsable) y el proveedor de índices bursátiles MSCI, señala que en las 50 economías más grandes del mundo hay al menos 300 instrumentos que ayudan a los inversores a considerar los factores de valor a largo plazo. Entre ellos se encuentran los ASG (ambientales, sociales y de gobernanza). Más de la mitad se crearon entre 2013 y 2016.

El estudio encuentra una fuerte correlación entre la regulación y una mejor gestión del riesgo ASG por parte de las empresas. Sin embargo, los inversores se muestran escépticos respecto a la eficacia de las políticas debido a las deficiencias en su diseño y seguimiento, y a las incoherencias entre los diferentes departamentos gubernamentales y reguladores. En conjunto, añade el documento, estos factores envían una señal a los inversores de que la sostenibilidad está separada del propósito principal de los mercados financieros.

Sin embargo, eso ha empezado a cambiar. La Comisión Europea presentó en marzo de 2018 el Plan de Acción sobre Finanzas Sostenibles, como parte de los esfuerzos de la Unión de Mercados de Capitales por potenciar el papel de las finanzas en construir una economía que permita alcanzar los objetivos del Acuerdo de París sobre el clima y de la agenda de la UE para el desarrollo sostenible.