El grupo de expertos técnicos (TEG, por sus siglas en inglés) formado por la Comisión Europea (CE) con el fin de diseñar un plan de acción para la financiación sostenible ha emitido, tras un año de trabajo, diez recomendaciones para los gobiernos, las instituciones comunitarias y los inversores. Entre ellas, destaca la propuesta de los requisitos a cumplir para que una emisión de deuda pueda ser calificada por un bono verde europeo y el registro de las entidades que otorgan las etiquetas.
Este órgano consultivo, y de carácter no vinculante, trata de dar respuesta a la demanda de un mercado que pide más claridad, transparencia y seguridad en las inversiones calificadas como sostenibles. Actualmente, no hay unos requisitos establecidos, pero si se intentan alinear con los Green Bond Principles (GBP), establecidos por la Asociación Internacional de Mercado de Capitales (ICMA por sus siglas en inglés). Por ello, la CE propuso la creación de este grupo de técnicos con el fin de establecer un marco normativo para los emisores que operan dentro de la Unión Europea (UE).
Requisitos obligatorios para ser un bono verde europeo
La nueva etiqueta comunitaria, según el TEG, debe incluir unos requisitos claros y de carácter obligatorio para que los bonos verdes signifiquen una gran aportación a la consecución de los objetivos ambientales de la UE. Para garantizar que esto sea así, recomienda establecer un marco regulatorio que obligue al emisor a proporcionar detalles sobre el uso de los ingresos y el impacto medioambiental del proyecto a través de métricas cuantitativas preestablecidas. Además, propone establecer la verificación del proyecto por parte de una entidad que este acreditada por la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM).
Hasta que este sistema este vigente, el TEG propone establecer un periodo de transición de tres años. De manera que se atienda la demanda a corto plazo “lo antes posible” mediante un registro público y voluntario de los verificadores de bonos verdes. Las entidades que se registren deberán emitir anualmente un informe que acredite su alineación con los objetivos y requisitos que vaya estableciendo la UE. En el siguiente diagrama de flujo se muestra el proceso desde antes de la emisión del bono hasta la asignación final.
Según Adrián García, responsable de Análisis y Estudios de Spainsif, las medidas del informe benefician principalmente al inversor final. “Hay un gran número de pequeños inversores que no tiene capacidad de saber si realmente está invirtiendo en verde o no”, comenta. Para el analista, que los criterios se vuelvan más estrictos es algo positivo, ya que muchas veces no se sabía como medir el impacto medioambiental. “Ha habido algún bono poco verde, y desde la CE lo que intentan es alinear al sector financiero con los Acuerdos de París, cerrando el gap que existe y estableciendo las mismas reglas de juego para todos”, afirma.
Para García todavía es pronto para saber cómo el mercado acogerá este etiquetado comunitario, pero se basa en la experiencia francesa y en la comparación con las etiquetas ISO para augurar un buen futuro. “Francia tiene uno de los mercados de inversión sostenible y responsable más maduros, con un crecimiento y volumen importante. El etiquetado del Gobierno ha funcionado bastante bien”, comenta. Respecto a los posibles conflictos de interés, cree que “en general los verificadores se lo toman bastante enserio. Al haber varios proveedores entra en juego la reputación de la empresa, si empiezan a acreditar cosas que no son los clientes se irán a otros sitios porque el etiquetado no va a tener tanta validez”, asegura.
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